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SALUD · CONFLICTO LABORAL
Instrumentadores del Hospital San José de Popayán alcanzan acuerdo tras renuncia colectiva que paralizó cirugías
La Procuraduría General y el Ministerio del Trabajo mediaron un acuerdo en horas clave que permitió el reintegro de las trabajadoras desvinculadas, el retiro de las renuncias colectivas y la creación de una mesa de seguimiento con presencia del Estado.
Popayán, Cauca · 2 de abril de 2026
Durante la mañana del miércoles 2 de abril de 2026, el servicio de cirugía del Hospital Universitario San José de Popayán amaneció paralizado. Las instrumentadoras quirúrgicas —profesionales indispensables en todo procedimiento de sala de operaciones— no se presentaron a sus turnos. La razón: habían presentado una renuncia colectiva motivada el día anterior, el 31 de marzo, denunciando meses de incumplimientos por parte de ASSESALUD OC, la agremiación sindical a través de la cual prestaban sus servicios. Lo que siguió fue una cadena de alertas, pronunciamientos institucionales y, finalmente, una negociación de urgencia que el mismo 1 de abril arrojó un acuerdo que devolvió la tranquilidad al centro hospitalario más importante del departamento del Cauca.
Un vínculo laboral cuestionado desde el inicio
Los 18 profesionales en Instrumentación Quirúrgica del Hospital San José de Popayán prestaban sus servicios mediante un contrato sindical suscrito entre la Agremiación Sindical Sector Salud de Occidente —ASSESALUD OC— y la institución hospitalaria. Este modelo de contratación, regulado por el Decreto 036 de 2016, exige autonomía administrativa del sindicato, participación democrática de los afiliados en la aprobación de contratos y el cumplimiento estricto de las obligaciones laborales.
Sin embargo, según consta en la Renuncia Colectiva Motivada firmada el 31 de marzo de 2026, los profesionales nunca tuvieron una afiliación libre y voluntaria. En su documento, señalaron que la afiliación a ASSESALUD OC fue impuesta como requisito para poder trabajar en la institución, lo que a juicio del Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica —COLDINSQUI— vulnera el derecho a la libre asociación consagrado en los artículos 38 y 39 de la Constitución Política de Colombia.
Los incumplimientos que detonaron el conflicto
El malestar no fue repentino. Desde el segundo semestre de 2025, el grupo de instrumentación quirúrgica identificó una serie de irregularidades que fue documentando ante las autoridades competentes. Los contratos 055 y 309 de 2025, firmados con incrementos pactados en el valor de la hora, nunca vieron aplicados esos ajustes. Los propios desprendibles de pago emitidos por ASSESALUD OC evidencian que los profesionales siguieron recibiendo la tarifa anterior, sin que mediara notificación formal alguna.
A esto se sumó, en los desprendibles de febrero de 2026, un descuento por concepto de impuesto de timbre aplicado mediante el Decreto 175 de 2025 —que estableció la reactivación del gravamen del 1%—, pero cuya vigencia, según la misma norma, terminó el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1 de enero de 2026, la tarifa debió volver al 0%, conforme a las decisiones jurisprudenciales vigentes. El descuento, denunciaron los trabajadores, se siguió aplicando de manera indebida.
Paralelamente, el grupo señaló que no fue convocado a las asambleas de aprobación de contratos durante 2025 y 2026, lo que contraviene los principios de democracia interna exigidos por la normativa laboral colombiana. Estas omisiones fueron puestas en conocimiento del Ministerio del Trabajo, entidad que instaló una mesa de diálogo social y se comprometió a hacer seguimiento a los acuerdos alcanzados.
El quiebre: reemplazos y renuncia colectiva
El punto de quiebre llegó el 31 de marzo de 2026. Ese día, la Coordinación de Talento Humano de ASSESALUD OC, a través de la señora Daniela A. Collazos, envió un comunicado informando que, ante la negativa de dos afiliadas —Angélica Johana Calvache Ruiz y María Victoria Hernández Fernández— de firmar el convenio sindical, serían reemplazadas por dos nuevas vinculadas: Jennifer Villafañe Restrepo y Yosselyn Paz Bonilla.
El grupo de instrumentadores interpretó esta medida como un acto de retaliación, en contravención del principio de indemnidad laboral consagrado en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Ley 1010 de 2006 contra el acoso laboral. Esa misma tarde, los 18 profesionales firmaron y radicaron ante el gerente del hospital, doctor Juan Carlos Arteaga Cifuentes, y ante la representante legal de ASSESALUD OC, doctora Sibyl Constanza Muñoz Palacios, la Renuncia Colectiva Motivada, con efectos a partir del 1 de abril de 2026. Asimismo, enviaron copia al Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo.
Alerta pública y respaldo gremial
La mañana del 2 de abril, la cuenta verificada @PopayanCO en la plataforma X publicó una alerta que circuló rápidamente en redes sociales: el servicio de cirugía del Hospital San José estaba detenido. Las instrumentadoras, según el trino, se negaban a laborar por razones sindicales, poniendo en riesgo la vida de los pacientes en lista de espera quirúrgica.
Un día antes, el 1 de abril, el Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica —COLDINSQUI— había emitido su Comunicado Oficial 001 de 2026, respaldando a los profesionales y denunciando ante la opinión pública, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo la situación de afiliación forzosa, los presuntos incumplimientos en seguridad social y el temor fundado a represalias. COLDINSQUI también llamó la atención sobre la aparición de vacantes circulando en redes sociales para instrumentadores en el mismo hospital, sin claridad sobre si correspondían a los reemplazos de quienes se retiraron voluntariamente en diciembre de 2025 o a sustituciones del grupo que había denunciado las irregularidades.
La mediación y el acuerdo
Ante la gravedad de la situación —un hospital universitario de alta complejidad con su sala de cirugía paralizada—, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Trabajo convocaron de urgencia una reunión de mediación el mismo 1 de abril de 2026. El encuentro reunió a las partes del conflicto y a los representantes del Ministerio Público.
A las 6:49 de la tarde, las conclusiones del acuerdo fueron comunicadas a los involucrados. Los cuatro puntos pactados establecieron: primero, el reintegro inmediato de las dos profesionales desvinculadas —Angélica Johana Calvache Ruiz y María Victoria Hernández Fernández— en calidad de asociadas y partícipes del sindicato, y el desistimiento de la renuncia colectiva por parte del grupo; segundo, el reconocimiento de iguales derechos y condiciones para las dos nuevas vinculadas al sindicato; tercero, la habilitación de una mesa de trabajo con seguimiento en un plazo máximo de 15 días, con presencia permanente del Ministerio del Trabajo y el Ministerio Público; y cuarto, el compromiso de las directivas del hospital de continuar la supervisión del contrato sindical para garantizar el cumplimiento de las directrices legales.
El Ministerio del Trabajo quedó a cargo de la elaboración del acta formal, entendiéndose el acuerdo como existente a partir de la grabación de la sesión y la firma de la lista de asistencia.
Un conflicto que expone un modelo de contratación en tensión
Más allá de la solución inmediata, el caso del Hospital San José de Popayán pone sobre la mesa interrogantes de fondo sobre el modelo de contratación sindical en el sector salud. La propia Renuncia Colectiva Motivada cita jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que un sindicato no puede actuar como empresa de servicios temporales, y que si se demuestra subordinación directa con la empresa beneficiaria o se violan derechos fundamentales de los trabajadores, se incurre en una práctica ilegal que desnaturaliza la figura.
Los trabajadores, en su petición final, solicitaron el traslado de la gestión del servicio de instrumentación quirúrgica a una organización sindical de su libre elección —decisión que calificaron de colectiva, autónoma e irrevocable—. Este punto, que trasciende el acuerdo inmediato alcanzado, queda pendiente de resolución en la mesa de seguimiento que comenzará sus sesiones en los próximos 15 días con acompañamiento estatal.
Por ahora, el bisturí volvió a las salas de cirugía del Hospital San José de Popayán. Los pacientes en lista de espera podrán ser atendidos. Y un conflicto que estuvo a punto de convertirse en una crisis humanitaria encontró, al menos temporalmente, la vía del diálogo.
Fuentes consultadas
Renuncia Colectiva Motivada firmada el 31 de marzo de 2026 por 18 instrumentadores quirúrgicos del Hospital Universitario San José de Popayán.
Comunicado Oficial 001 del Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica —COLDINSQUI—, 1 de abril de 2026.
Comunicado de la Coordinación de Talento Humano de ASSESALUD OC, 31 de marzo de 2026.
Acuerdo verbal de la reunión convocada por la Procuraduría General y el Ministerio del Trabajo, 1 de abril de 2026.
Alerta pública de @PopayanCO en la plataforma X, 2 de abril de 2026.
