$8.000 millones en el limbo: el CDT Vial de la Unicauca y el proyecto que no debió continuar
La Contraloría ratificó un presunto detrimento patrimonial del 93,5% de los recursos del proyecto CDT Vial. El mismo funcionario que lo dirigió fue designado para liderar el megaproyecto Vía al Mar. La universidad no solo no actuó: celebró.
patrimonial (SGR)
cuestionado
sin beneficio recibido
En el departamento que más regalías aporta por minería en el suroccidente colombiano, $8.029 millones del Sistema General de Regalías fueron invertidos en un proyecto que, según la Contraloría General de la República, nunca cumplió su objeto, nunca acreditó su funcionamiento legal y nunca benefició a los 37 municipios del Cauca para los que fue diseñado. Lo que queda es una infraestructura universitaria mejorada, equipos de laboratorio, y un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal que alcanza el 93,5% de los recursos ejecutados.
Ese es el saldo del proyecto BPIN 2018000100167, denominado "Conformación de un Centro de Desarrollo Tecnológico para la Innovación de la Infraestructura Vial en el Departamento del Cauca", ejecutado por la Universidad del Cauca. El informe final de la Contraloría, fechado en diciembre de 2025, no dejó márgenes para la ambigüedad: irregularidades en ejecución, sostenibilidad y cumplimiento de objetivos; pagos sin soportes; actividades inconclusas; ausencia de acreditación ante el ONAC; ningún reconocimiento de MinCiencias. Sin esos dos elementos, el centro jamás pudo operar legalmente para lo que fue creado.
El único beneficiario documentado fue la propia universidad, con mejoras en su planta física y laboratorios. Los 37 municipios del Cauca no obtuvieron ningún beneficio para mejorar su infraestructura vial terciaria.
Informe Final Contraloría General de la República · Pág. 173 · Diciembre 2025El hallazgo y lo que significa
En su lenguaje técnico-jurídico, la Contraloría concluyó que el proyecto violó los principios de legalidad, planeación, eficiencia, eficacia y economía consagrados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 6, 29 y 124 a 134 de la Ley 2056 de 2020. Esos principios no son formalidades: son la columna vertebral del derecho administrativo colombiano cuando se trata del manejo de recursos públicos.
El monto del presunto detrimento —$8.029.135.636— es prácticamente el valor total del SGR invertido en el proyecto. De los $9.295 millones ejecutados en total, solo $603 millones correspondían a contrapartida de la universidad y $98 millones de KTH Suecia. El resto, el dinero de las regalías del Cauca, es el que quedó comprometido.
Sin acreditación ONAC ni reconocimiento de MinCiencias: El CDT nunca pudo operar legalmente para prestar los servicios para los que fue creado y financiado.
Sin sostenibilidad financiera: No hay evidencia de generación de ingresos por venta de servicios. El centro cesará su operación al finalizar los contratos actuales.
Pagos sin soportes: Se detectaron erogaciones que no cuentan con documentación que las respalde, una de las irregularidades más graves en el manejo de recursos públicos.
Actividades inconclusas: Múltiples componentes del proyecto quedaron sin ejecutarse, evidenciando deficiencias en planeación y seguimiento.
Cero beneficios para los municipios: Los 37 municipios del Cauca —objeto central del proyecto— no recibieron ningún servicio ni mejora en su infraestructura vial terciaria.
El nombramiento que nadie cuestionó
Hasta aquí, el relato es el de un proyecto fallido con cargo a recursos del Estado. Pero lo que convierte este caso en un problema de gobernanza institucional es lo que ocurrió después: en octubre de 2025, cuando finalizaba la ejecución del CDT Vial y cuando ya existían actuaciones avanzadas del ente de control, el profesor Jaime Obando —director del proyecto cuestionado— fue designado para liderar los estudios del proyecto Conexión Popayán–Guapi, la denominada vía al mar, un corredor de enorme importancia estratégica para el departamento.
No hay evidencia pública de que la Universidad del Cauca haya adelantado un análisis de idoneidad que tomara en cuenta las actuaciones de la Contraloría. No hay pronunciamiento del Consejo Superior. No hay informe de la Oficina de Control Interno. La designación ocurrió en silencio, sin que los mecanismos de gobierno universitario dejaran rastro de haberse preguntado si era prudente.
Una fiesta que no debió celebrarse
El 6 de febrero de 2026, dos meses después de que la Contraloría ratificara el hallazgo, el profesor Obando convocó a una "fiesta de integración" en una discoteca del centro de Popayán para celebrar el inicio de una nueva etapa del proyecto Conexión Popayán–Guapi. El rector de la Universidad del Cauca asistió y fue uno de los dos únicos que tomaron la palabra desde la tarima. Según asistentes al evento, los elogios hacia el profesor Obando fueron notorios.
Es difícil encontrar una imagen más elocuente del problema de fondo. No se trata de que celebrar sea incorrecto en abstracto. Se trata del momento, el contexto y lo que esa celebración comunicó institucionalmente: que los hallazgos de la Contraloría no tienen consecuencias, que quien estuvo al frente de un proyecto con un presunto detrimento de $8.000 millones no solo puede continuar en funciones, sino ser aplaudido públicamente por sus superiores.
No se trata de prejuzgar responsabilidades individuales, sino de cuestionar decisiones institucionales que, como mínimo, envían un mensaje problemático sobre la falta de acción correctiva. ¿Se está priorizando la gestión pública o la construcción de capital político?
Las responsabilidades que están en juego
Desde el punto de vista jurídico, el hallazgo de la Contraloría activa simultáneamente tres tipos de responsabilidad que son independientes entre sí. La fiscal, que puede derivar en un Proceso de Responsabilidad Fiscal para que quienes administraron los recursos restituyan el presunto daño al erario. La disciplinaria, que corresponde a la Procuraduría General y puede resultar en sanciones que van hasta la destitución e inhabilidad. Y la penal, cuya investigación correspondería a la Fiscalía General si los hechos —pagos sin soportes, actividades inconclusas— configuran tipos como peculado por culpa o contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Pero más allá de las responsabilidades individuales, existe una responsabilidad orgánica que recae sobre las instancias de gobierno universitario. El Consejo Superior de la Universidad del Cauca, como máximo órgano de gobierno, tiene el deber de conocer y deliberar formalmente sobre los hallazgos de la Contraloría, de evaluar si la continuidad de los directivos involucrados es compatible con los principios de transparencia y buen gobierno, y de activar la Oficina de Control Interno para una auditoría independiente. Su silencio no es neutralidad: es una posición institucional.
Las preguntas que la universidad debe responder
- ¿Existió un proceso formal de evaluación de idoneidad antes de designar al prof. Obando para el proyecto Vía al Mar, conociendo las actuaciones de la Contraloría?
- ¿Fue informado el Consejo Superior Universitario del hallazgo antes de la designación de octubre de 2025?
- ¿Ha emitido la Oficina de Control Interno algún informe de seguimiento al hallazgo ratificado en diciembre de 2025?
- ¿Qué recursos financiarán el proyecto Vía al Mar y qué controles adicionales existen para su ejecución?
- ¿Qué posición tiene formalmente el rector respecto al informe de la Contraloría sobre el CDT Vial?
Lo que está en juego
El proyecto Conexión Popayán–Guapi no es un asunto menor. Una vía hacia el Pacífico caucano es una prioridad histórica para las comunidades afrodescendientes e indígenas de la costa, para la integración regional y para las posibilidades de desarrollo del departamento. Que estudios de un proyecto de esa envergadura sean liderados por alguien sobre quien pesan hallazgos de esta naturaleza no solo compromete la credibilidad del proceso: compromete las posibilidades mismas de que el proyecto se materialice con las garantías de transparencia que merece.
Más que discursos sobre transparencia e innovación, lo que la Universidad del Cauca debe al Cauca y a sus ciudadanos es una acción institucional concreta y verificable. Evaluar la idoneidad y continuidad de quienes lideran proyectos financiados con recursos públicos no es un gesto simbólico. Es la condición mínima para que el dinero de las regalías cumpla el propósito para el que fue creado: transformar las condiciones de vida de los municipios que más lo necesitan.
