EL EXPEDIENTE ORTIZ: CÓMO UN PRESIDENTE CON CONTRATO MILLONARIO INTENTA SILENCIAR A LA VEEDORA QUE MÁS INCOMODA
Columna de investigación periodística — Popayán, abril de 2026
Por: Armando Meléndez el periodista mejor dateado de Colombia
Cuando el guardián se convierte en el mayor peligro
Hay historias que no necesitan ficción. En Popayán, en el corazón del Hospital Universitario San José, se está desarrollando uno de los episodios más reveladores sobre cómo el poder institucional puede convertirse en instrumento de persecución cuando alguien se atreve a fiscalizar desde adentro con independencia real.
La protagonista se llama BIBIANA GISELLE ORTIZ CRUZ, El antagonista institucional responde al nombre de GABRIEL CAMACHO LEGARDA.
Esta es la historia, con fechas, documentos y consecuencias jurídicas.
CRONOLOGÍA DE UNA PERSECUCIÓN DOCUMENTADA
Bibiana Giselle Ortiz Cruz no llegó a la Junta Directiva del Hospital Universitario San José de Popayán de la nada. Lleva más de 15 años ejerciendo control ciudadano sobre esta institución.
El camino para llegar a representar formalmente a los usuarios en la Junta Directiva fue tortuoso. La Resolución No. 20251600028244 del 19 de marzo de 2025, expedida por la Secretaría de Salud Municipal de Popayán.
Finalmente, tras ese largo recorrido, la Secretaria de Salud Municipal, doctora Claudia Milena Males Imbachi, expidió la Resolución No. 20251600031094 del 27 de marzo de 2025, designando formalmente a Bibiana Giselle Ortiz Cruz como miembro de la Junta Directiva del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., en representación de la Asociación de Usuarios.
El hombre del millonario contrato al frente de la Asociación que debe vigilar al hospital
Para comprender lo que ocurrió después, es indispensable revelar un dato que los documentos dejan en evidencia y que ninguna autoridad parece haber querido examinar con la seriedad que merece.
Gabriel Camacho Legarda, presidente de la Asociación de Usuarios del Hospital Universitario San José de Popayán —la misma organización que, por mandato legal, debe velar por los derechos de los usuarios y ejercer veeduría ciudadana sobre el hospital— suscribió con el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. el contrato de prestación de servicios profesionales CTO 233-2025, con las siguientes características:
Fecha de inicio: 17 de junio de 2025
Objeto: Prestar servicios profesionales como apoyo a la Coordinación del Subproceso Gestión de Proyectos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.
Valor: $35.000.000
Terminación: 31 de diciembre de 2025-
Esta información no proviene de una fuente anónima. Está certificada mediante oficio del 5 de marzo de 2026, firmado por Carolina Urrutia Bastidas, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Hospital, en respuesta a un derecho de petición interpuesto precisamente por Bibiana Ortiz Cruz.
Esta situación constituye, cuando menos, un severo conflicto de intereses que debería haber sido declarado, notificado y resuelto antes de que Camacho Legarda ejerciera cualquier acto de dirección en la asociación. Cuando la mano que debería fiscalizar es la misma que recibe el cheque, la veeduría se convierte en teatro.
30 de diciembre de 2025: El incidente del pasillo y el inicio del expediente
El 30 de diciembre de 2025 estaba citada una reunión con Planeación del hospital, a las 2:00 p.m. La reunión fue cancelada por la demora en la llegada de la funcionaria de Planeación quien era la citante. En ese contexto de espera, en un pasillo frente a la cafetería del Hospital San José, con la presencia de funcionarias institucionales de Participación Social y Responsabilidad Social —es decir, personas ajenas a la Asociación de Usuarios—, se produjo un intercambio verbal entre Bibiana Ortiz, Gabriel Camacho y el revisor fiscal Larry León Daza.
3 de febrero de 2026: Se abre el proceso disciplinario
Con velocidad inusitada —apenas cinco días hábiles después de comenzar el nuevo año— el 3 de febrero de 2026, Gabriel Camacho Legarda, en su condición de presidente de la Asociación de Usuarios, presentó ante el Comité de Disciplina —conformado por José Rafael Cortez y Jorge Sotelo— un escrito solicitando la apertura de proceso disciplinario contra Bibiana Giselle Ortiz Cruz.
10 de febrero de 2026: Bibiana responde con solvencia jurídica
El 10 de febrero de 2026, dentro del término estatutario, Bibiana Giselle Ortiz Cruz presentó sus descargos ante el Comité de Disciplina. El documento es notable por su solidez argumentativa. Ortiz Cruz no niega el episodio; reconoce incluso que su “defecto personal es interrumpir”, pero deja claro que lo hace para aclarar el mismo tema en discusión, no para irrespetar. Ofreció disculpas de forma expresa.
Solicita el archivo del proceso o, subsidiariamente, la medida menos gravosa. Acredita trayectoria de 15 años de trabajo social, ausencia de antecedentes disciplinarios y cumplimiento permanente de sus funciones como representante.
El proceso disciplinario contra Bibiana Giselle Ortiz Cruz presenta cinco vulneraciones graves: el presidente promotor, Gabriel Camacho Legarda, tiene contrato vigente con el hospital fiscalizado, configurando un conflicto de intereses que vicia de nulidad todo el proceso. La sanción solicitada es desproporcionada frente a una falta que no supera lo leve. Su cargo proviene de un acto administrativo que solo la Secretaría de Salud puede revocar. Se promueven sanciones sin fallo ejecutoriado, violando el Artículo 29 constitucional y los propios estatutos. Finalmente, usar el mecanismo disciplinario para responder a denuncias documentadas constituye abuso del derecho, con consecuencias legales para quien lo ejerce-.
He leído cada uno de estos documentos con la pausa que merecen. He contado las fechas, he cruzado los datos, he verificado los nombres. Y al final de ese recorrido, sólo queda una conclusión que no admite adorno retórico.
La Junta Directiva del Hospital Universitario San José de Popayán debe calificar al gerente Juan Carlos Arteaga Cifuentes. Es una evaluación que puede determinar su continuidad al frente de una de las instituciones hospitalarias más importantes del Cauca. En esa Junta Directiva hay una silla que incomoda: la de Bibiana Giselle Ortiz Cruz, la mujer que lleva 15 años fiscalizando este hospital, que llegó a esa silla por acto administrativo firmado y sellado, que descubrió que el presidente de su propia Asociación tiene un contrato de treinta y cinco millones de pesos con el hospital que supuestamente vigila, y que se atrevió a preguntarlo en voz alta
