Este lunes primero de diciembre a las 9:00 a.m., el Tribunal Superior de Bogotá abrirá un capítulo judicial que podría redefinir el núcleo político del gobierno Petro. Ricardo Bonilla González, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco Chávez, exministro del Interior, enfrentarán imputación de cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
No es una audiencia más. Es el desenlace de meses de investigación que revelan una presunta trama de compra de congresistas mediante contratos millonarios a cambio de apoyo legislativo. Y en el centro de todo, una mujer que pasó de ser enlace ministerial a convertirse en la testigo más peligrosa del gobierno: María Alejandra Benavides.
La testigo que podría hacerlo todo colapsar
María Alejandra Benavides Soto no es una delincuente común. Es economista, exasesora del Ministerio de Hacienda, y quien durante meses sirvió como bisagra entre el poder ejecutivo y el legislativo para aprobar operaciones de crédito millonarias.
Su principio de oportunidad —validado por un juez el 28 de julio de 2025— le otorga inmunidad total por un año a cambio de una colaboración letal: testificar contra al menos 39 personas, incluyendo a su exjefe Ricardo Bonilla, congresistas de la Comisión de Crédito Público, y otros altos funcionarios.
¿Qué hace especial su testimonio? Que no es una narración vaga de rumores de pasillo. Benavides aportó documentos, mensajes de WhatsApp, nombres de intermediarios, montos exactos de contratos, fechas de reuniones secretas en hoteles de Bogotá, y un nivel de detalle que convierte su declaración en una radiografía quirúrgica de la corrupción institucional.
Durante más de 50 horas repartidas en ocho días, Benavides declaró ante la Corte Suprema de Justicia. Lloró. Se quebró. Pero no se retractó.
Sus palabras más duras fueron contra Ricardo Bonilla: “Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda, y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Él solo necesitaba sacar esto”.
No es un testimonio de alguien que quiere enriquecerse. Es el de alguien que se siente instrumentalizada, traicionada, y ahora dispuesta a hundir el barco completo.
Luis Fernando Velasco: el operador político
Si Bonilla era el zar económico, Luis Fernando Velasco era el operador político. Como ministro del Interior, su función era precisamente esa: construir mayorías en el Congreso.
Pero la investigación sugiere que esa construcción habría ido más allá de la negociación legítima.
Según los investigadores, Velasco habría intervenido en acuerdos con directivos de la UNGRD para orientar contratos millonarios hacia el senador conservador Julio Elías Chagüi, a cambio de su apoyo en votaciones clave.
Una reunión del 4 de diciembre de 2023 habría marcado el punto en el que se planteó favorecer a Chagüi con convenios cercanos a los 35.000 millones de pesos. Parte de esas gestiones se movieron a través de comunicaciones en WhatsApp y encuentros en hoteles de Bogotá.
Uno de los más mencionados: la reunión entre el exdirector Olmedo López y el congresista Chagüi en el Hotel Tequendama, donde se habría insistido en que la contratación debía pasar por la UNGRD debido a dificultades previas con el INVÍAS.
Benavides declaró que los contratos para Chagüi eran “una prioridad del exministro Luis Fernando Velasco” en el presunto saqueo a la UNGRD.
Velasco, al igual que Bonilla, enfrenta este lunes no solo imputación de cargos por tres delitos gravísimos, sino también la posibilidad real de terminar detenido en una cárcel.
