Por: Armando Meléndez, Analista Político y Periodista
He revisado la documentación del Ministerio de Transporte sobre el proyecto del Tren de Cercanías del Valle. La respuesta del Ministerio es clara, técnica y, francamente, demoledora para la narrativa que se intentó construir aquí en el Valle.
Mi conclusión, tras analizar la documentación, es contundente y concreta:
1. El Error Fue Técnico y Fiscal, No Político
La concejala María del Carmen Londoño tiene razón, y la evidencia del Ministerio de Transporte es irrefutable. El documento certifica que la Alcaldía de Jamundí NO presentó capacidad financiera para firmar el acuerdo de cofinanciación.
Aquí no hay cabida para el debate político ideológico. La Ley de Metros y la normatividad de contratación estatal son meridianamente claras: la Nación (el Gobierno del Presidente Petro) no puede comprometer $12 billones de recursos públicos si los entes territoriales (en este caso, Jamundí) no demuestran su capacidad para cumplir con su parte del trato. Un proyecto de esta magnitud es fiscalmente indivisible. Si falla una pata de la mesa, la mesa se cae.
Mi Opinión como Analista: Es una irresponsabilidad política culpar al Gobierno Nacional cuando la causa del freno es un incumplimiento fiscal básico y elemental de un ente territorial clave. Es un error de la letra pequeña, de la rigurosidad técnica que se exige en la presentación de megaproyectos.
2. La Opacidad del Calendario Electoral
Ahora, respecto a la arista política: ¿quería la extrema derecha del Valle manejar $12 billones en época electoral? La sola existencia de esta sospecha, sumada a la debilidad técnica expuesta por la no adjudicación, empaña todo el proceso.
Un proyecto tan vital para la movilidad regional debió blindarse contra cualquier suspicacia. La precipitación y la incapacidad técnica y fiscal de Jamundí, justo antes del periodo electoral, solo alimentaron la narrativa de que el proyecto no era tan sólido como se vendía.
3. Mi Conclusión Personal
La verdad es simple: El Tren de Cercanías se hundió por incapacidad técnica y fiscal certificada por el Ministerio de Transporte (como lo prueban los documentos) y no por un supuesto “capricho” presidencial. Mi trabajo como periodista y analista es ceñirme a la data: si los documentos no dan, el proyecto no va.
Los líderes del Valle le deben una explicación clara y sin mentiras a los ciudadanos sobre por qué no lograron certificar la capacidad fiscal de uno de los municipios clave en la ruta del Tren. La política, por una vez, quedó subordinada a la aritmética y la ley.
