Por: Armando Melendez el periodista mejor dateado
Popayán, Cauca – Noviembre 27, 2025
Me senté frente a mi computadora esta mañana, como lo hace cualquier ciudadano del siglo XXI que busca información pública. Mi objetivo era simple: conocer qué está haciendo la Contraloría General del Cauca con el dinero de nuestros impuestos, revisar los informes de auditoría, consultar los hallazgos fiscales recientes. Ingresé a www.contraloria-cauca.gov.co y lo que encontré fue desalentador: una página que no carga contenido, un portal invisible, un fantasma digital que representa todo lo contrario de lo que debería ser una entidad de control fiscal en 2025.
Esta no es una anécdota menor. Es la radiografía de una contradicción institucional que clama por atención urgente.
LA ERA DIGITAL QUE NO LLEGÓ A LA CONTRALORÍA
Vivimos en una época donde cualquier caucano, desde el más remoto corregimiento de Timbiquí hasta el centro de Popayán, tiene acceso a un teléfono inteligente. Nuestros campesinos, estudiantes, comerciantes y madres cabeza de familia pueden consultar el clima, transferir dinero, acceder a servicios bancarios y hasta recibir telemedicina desde sus celulares. La tecnología democratizó el acceso a la información.
Pero cuando ese mismo ciudadano quiere saber cómo se están vigilando los $1.9 billones que se han auditado en proyectos del Cauca entre 2022 y 2025, según cifras de la Contraloría General de la República, se encuentra con un muro digital impenetrable.
La página web de la Contraloría departamental es un símbolo de opacidad involuntaria. No hay informes descargables, no hay estadísticas actualizadas, no hay sección de transparencia funcional. Es como si la entidad quisiera gritar “¡Controlamos el gasto público!” pero con la boca tapada.
LOS NÚMEROS QUE NADIE PUEDE VER
Durante mi investigación, descubrí que la Contraloría del Cauca, bajo el liderazgo del contralor Hernán Grueso Zúñiga (periodo 2022-2025), presentó en febrero de este año un ambicioso Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2025 que contempla 114 auditorías. El plan incluye la Gobernación, 41 municipios, empresas descentralizadas y Empresas Sociales del Estado.
Sobre el papel, suena impresionante. Pero el diablo está en los detalles que no podemos ver.
¿Cuántos hallazgos fiscales se han configurado en lo que va del año?
¿Qué municipios presentan mayores irregularidades? ¿Cuánto dinero público se ha recuperado gracias a las acciones de la Contraloría departamental? Estas preguntas básicas, que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer, son imposibles de responder consultando el portal oficial.
Mientras tanto, contralorías vecinas como la del Valle del Cauca reportan abiertamente hallazgos fiscales por más de $26.173 millones y presuntos detrimentos superiores a $1.292 millones solo en el tercer ciclo auditor de 2025. Esa información está disponible, es pública, es verificable. En el Cauca, navegamos a ciegas.
EL CAPÍTULO DE LA ASAMBLEA: INFORMES SIN IMPACTO
Pero la opacidad digital es solo la punta del iceberg. El problema más profundo es estructural y tiene su epicentro en la Asamblea Departamental del Cauca.
He revisado actas, he hablado con funcionarios bajo reserva, he consultado fuentes en los pasillos del poder departamental. El patrón es recurrente: la Contraloría presenta informes ante la Asamblea con la solemnidad protocolaria que exige la ley, los diputados escuchan, aplauden cortésmente, y todo sigue igual.
¿Dónde están los debates de control político con base en los hallazgos de la Contraloría?
¿Cuántos alcaldes o funcionarios departamentales han sido citados a rendir cuentas por irregularidades detectadas en auditorías? ¿Qué seguimiento real hace la Asamblea a los planes de mejoramiento que la Contraloría ordena implementar?
La Asamblea, ese órgano de representación popular que debería ser el guardián vigilante del gasto público, se ha convertido en un receptor pasivo de información. Los informes llegan, se archivan, y la vida continúa sin consecuencias tangibles.
Esta no es solo una opinión. Es una constatación que surge de revisar las actas públicas y constatar la ausencia de debates sustanciales sobre control fiscal en las sesiones ordinarias de 2024 y lo que va de 2025.
LA PREGUNTA INCÓMODA: ¿PARA QUÉ SIRVE UNA CONTRALORÍA INVISIBLE?
No pongo en duda las credenciales profesionales del contralor Grueso Zúñiga ni de su equipo. El problema no es de personas, es de sistema. Una Contraloría que no comunica sus hallazgos de manera efectiva, que no tiene un portal web funcional en pleno 2025, que presenta informes ante una Asamblea que no genera consecuencias políticas concretas, es una institución que opera en el vacío.
La Contraloría General de la República, en su rendición de cuentas sobre regalías en la región Pacífica, señaló que entre 2022 y 2025 se han auditado 46 proyectos en el Cauca. Esos proyectos manejan recursos millonarios que deberían transformar la calidad de vida de los caucanos. ¿Cuántos de esos proyectos tienen irregularidades? ¿Cuáles han sido bien ejecutados? El ciudadano común no lo sabe porque la información no circula.
LA TRANSPARENCIA NO ES UN LUJO, ES UNA OBLIGACIÓN
Cada peso que se invierte en la Contraloría del Cauca sale del bolsillo de los contribuyentes. Pagamos impuestos para tener una entidad que vigile cómo se gasta el dinero público. Pero esa vigilancia pierde sentido si sus resultados permanecen ocultos detrás de un portal web que no funciona y de informes que se presentan para cumplir un requisito legal pero que no generan cambios reales.
La tecnología existe. Los estándares de gobierno abierto existen. Las mejores prácticas de transparencia están documentadas. No hay excusa técnica ni presupuestal que justifique que en 2025 la Contraloría del Cauca sea digitalmente invisible.
PREGUNTAS QUE EXIGEN RESPUESTAS
Primera pregunta: ¿Cuándo va a tener la Contraloría del Cauca un portal web funcional, actualizado y que permita a los ciudadanos descargar informes de auditoría, consultar hallazgos fiscales y hacer seguimiento a procesos de responsabilidad fiscal?
Segunda pregunta: ¿Cuándo veremos una Asamblea Departamental que convierta los informes de la Contraloría en acciones políticas concretas, en citaciones a funcionarios, en debates públicos que generen consecuencias para quienes malgastan recursos públicos?
