Entre el 24 y el 26 de noviembre, el Hospital Universitario San José de Popayán recibió la visita que todos esperaban: la delegación que determinaría si la institución merece el sello de acreditación en salud, ese reconocimiento que certifica excelencia, calidad y compromiso con el paciente. Lo que pocos saben es que cientos de trabajadores asistenciales respondieron cada pregunta, organizaron cada proceso y dieron el 100% de su esfuerzo sin haber recibido un solo peso de sus honorarios correspondientes a octubre. La dignidad laboral, al parecer, no es requisito para certificar la “calidad humana” de un hospital.
El gerente Juan Carlos Artiaga, en una maniobra que pretendía pintarlo como salvador, viajó el 20 de noviembre a Bogotá para gestionar recursos. Regresó con las manos parcialmente llenas: dinero suficiente solo para una fracción del personal. La mayoría enfrentó la visita de acreditación con los bolsillos vacíos pero la profesionalidad intacta. Y así, con esa contradicción dolorosa, el Hospital San José buscó demostrar que cumple con estándares superiores de atención mientras vulneraba el más básico de los derechos laborales.
EL DISCURSO Y LA REALIDAD
La ironía alcanza niveles grotescos cuando recordamos que apenas en mayo de 2025, el Concejo Municipal de Popayán aplaudió de pie la “recuperación financiera” del hospital. Se habló de crecimiento del 21.59% en ingresos facturados, de superación del déficit heredado de $90 mil millones, de una institución declarada “sin riesgo fiscal ni financiero” por el Ministerio de Salud. Seis meses después, esos mismos trabajadores que sostienen esa supuesta recuperación esperan salarios atrasados mientras escuchan promesas que suenan cada vez más huecas.
Pero esta no es solo la historia del Hospital San José. Es un capítulo más de una crisis nacional que el gerente Artiaga conoce muy bien y que utiliza estratégicamente para desviar responsabilidades. Las cifras lo confirman: las 29 EPS del país acumulan $32.9 billones en deudas con hospitales y clínicas. La Nueva EPS, la más grande, debe más de $21 billones y tiene en jaque a 11.7 millones de afiliados. El 34% de los hospitales públicos de Colombia están bajo saneamiento fiscal. En Medellín tuvieron que inyectar $400 mil millones para evitar el colapso; en Bogotá la deuda pública hospitalaria pasó de $35 mil a más de $90 mil millones en lo que va del año.
Sí, hay una crisis sistémica. Sí, las EPS deben billones. Pero esa verdad innegable no puede convertirse en el escudo perfecto tras el cual se esconden años de mala gestión, falta de planeación y decisiones que priorizan intereses particulares sobre la estabilidad del personal.
LA ESTRATEGIA DEL PLANTÓN
Posterior a la visita de acreditación, el gerente convocó a los representantes sindicales para informarles que no hay dinero para pagar octubre, pero —y aquí viene la perla— que por favor agilicen las cuentas de cobro de noviembre porque el 10 de diciembre se pondrá al día con ambos meses. La promesa flotó en el aire con la misma credibilidad que las anteriores. Para la mayoría de los trabajadores, esto es simplemente otro capítulo de la novela “Pinocho en bata blanca”.
Pero la jugada maestra vino después: el gerente solicitó un plantón para este lunes en las afueras del hospital. No un plantón contra la gerencia por los salarios impagos, no. Un plantón contra las EPS, exigiéndoles que paguen para que así el hospital pueda cumplir con sus trabajadores. Brillante lavada de imagen. Brillante manera de convertir a los trabajadores en voceros involuntarios de una narrativa que lo exime de toda responsabilidad.
¿Y quién lideró este teatro con entusiasmo de perrito faldero? El señor William Santiago Guzmán Chamorro, representante legal de una asociación sindical que parece haber olvidado para qué existen los sindicatos. Mientras otros líderes se mantienen escépticos, él exhorta a sus agremiados a gritar consignas que, en el fondo, solo fortalecen el libreto de una gerencia que lleva años sin resolver problemas estructurales.
LO QUE NO SE DICE
Porque de eso no se habla en los plantones. No se menciona el despilfarro de recursos. No se cuestiona por qué algunos trabajadores cercanos a la gerencia reciben aumentos mientras el resto no recibe ni lo básico. No se analiza por qué un hospital que reporta crecimiento del 21.59% en ingresos no puede garantizar el pago puntual de nómina. No se pregunta por qué una institución declarada “sin riesgo financiero” está en esta situación.
La acreditación en salud evalúa, entre muchas cosas, la gestión del talento humano, la gestión de riesgos administrativos y el compromiso con la mejora continua. Es difícil imaginar cómo un hospital puede certificar excelencia en estos rubros cuando sus trabajadores atraviesan meses de incertidumbre salarial. Pero en Colombia hemos aprendido que las paradojas son la norma: podemos tener hospitales “acreditados” donde el personal llora salarios mientras la gerencia celebra logros en PowerPoint.
AMANECERÁ Y VEREMOS
